Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que establece una penalidad de 40 a 70 años de prisión para este delito. La propuesta fue presentada en la capital del país con la participación de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

El objetivo central de la iniciativa es establecer un tipo penal único a nivel nacional que homologue los criterios de investigación y juzgamiento en todas las fiscalías del territorio mexicano. De acuerdo con los planteamientos del Ejecutivo federal, la norma obligará al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la carpeta de feminicidio, eliminando la discrecionalidad en la clasificación de estos crímenes.

Durante la presentación del proyecto estuvieron presentes Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, así como las máximas autoridades del poder judicial y ministerial. La propuesta incluye sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, buscando cerrar vacíos legales que anteriormente permitían impunidad en casos donde no se consumaba el homicidio.

Entre los mecanismos de protección a sobrevivientes y familiares, la ley plantea la creación de un registro nacional de orfandad destinado a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Esta medida busca garantizar el acceso a derechos y apoyos específicos para menores que han perdido a sus madres a causa de violencia de género.

La presentación de esta iniciativa se da en un contexto donde la administración federal ha priorizado la atención a la violencia contra las mujeres como eje de su política de seguridad y justicia. La homologación de criterios pretende evitar que la definición y persecución del delito varíe dependiendo de la entidad federativa donde ocurran los hechos.

Con esta propuesta, el gobierno federal busca fortalecer el marco jurídico para combatir la impunidad en casos de violencia extrema contra mujeres. La iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, marcando un cambio sustancial en la forma en que el Estado mexicano tipifica y sanciona estos crímenes.