Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen conocido como Plan B de la reforma electoral, impulsado por el gobierno federal, con la exclusión de los cambios propuestos al mecanismo de revocación de mandato. La votación, realizada la noche del 25 de marzo, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, lo que permitió reunir la mayoría calificada necesaria para avanzar con la iniciativa.

La sesión legislativa, que se extendió por más de cinco horas, estuvo marcada por la tensión al interior de la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El punto de discordia central fue la modificación al artículo 35 de la Constitución, que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027. Para preservar la unidad del bloque y asegurar la aprobación del resto del paquete, se aceptó una reserva para mantener dicho artículo en sus términos actuales.

Entre los involucrados clave en el proceso figuraron Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena; Alberto Anaya, senador y líder del PT; así como los senadores del PVEM Waldo Fernández y Luis Melgar. Aunque existieron posturas divergentes durante la discusión, el respaldo final del PT fue determinante para alcanzar los votos requeridos, condicionando su apoyo a la eliminación del apartado controversial sobre la revocación.

La reforma aprobada contempla modificaciones a 103 artículos de la Constitución plasmados en 46 decretos, con un enfoque principal en medidas de austeridad. Entre los cambios concretos destacan la limitación a un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos y la reducción de bonos y prestaciones para funcionarios de los organismos electorales, tanto a nivel federal como local.

Tras la aprobación en la cámara alta, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido identificada como la promotora de esta iniciativa, la cual busca ajustar el sistema político-electoral bajo criterios de reducción de privilegios, aunque sin alterar la temporalidad establecida previamente para la revocación de mandato.

Con este avance en el Senado, el llamado Plan B electoral entra ahora en una nueva fase de discusión en San Lázaro, donde los diputados deberán analizar las modificaciones ya validadas por los senadores de la mayoría oficialista y la oposición, que mantuvo una posición contraria a la totalidad del dictamen.