Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó normativas estatales en Durango y Nayarit que establecían sesiones privadas como regla general para los tribunales superiores de justicia y mecanismos de evaluación judicial que contravenían el modelo federal. La resolución se dio mediante acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas aprobadas por los congresos de ambos estados.

En el caso de Durango, la Corte determinó que una norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia era inconstitucional. Esta disposición limitaba la transparencia en los procesos judiciales al priorizar el cierre de las sesiones sobre la publicidad de los debates y decisiones.

Respecto a Nayarit, la SCJN invalidó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único por contravenir el modelo federal establecido para la selección de aspirantes a cargos judiciales. El sistema implementado por el estado no se ajustaba a los parámetros nacionales definidos para estos procesos.

Además, en la resolución sobre Nayarit, la Corte reconoció una omisión del Congreso estatal al no incorporar la insaculación y la paridad de género en las disposiciones relacionadas con la selección de candidatos. Estos principios son fundamentales para garantizar la equidad y aleatoriedad en los procesos de designación judicial.

La decisión de la Suprema Corte involucra al Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como partes en las acciones de inconstitucionalidad. Los congresos de Durango y Nayarit figuren como los legisladores responsables de las normas invalidadas.

Esta resolución sienta un precedente sobre la obligación de los estados de alinear sus normativas judiciales con los principios constitucionales de transparencia, publicidad y paridad. Los tribunales superiores de justicia de las entidades federadas deberán ajustar sus procedimientos para garantizar que las sesiones sean públicas por regla general y que los mecanismos de evaluación de candidatos sigan el modelo federal.