Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina (Semar), Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene operaciones de limpieza y contención en el litoral del Golfo de México, donde se han intervenido 223 kilómetros de playas y retirado más de 430 toneladas de contaminantes derivados de un derrame de hidrocarburos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las investigaciones preliminares apuntan a tres orígenes del vertimiento: un presunto derrame ilegal proveniente de una embarcación y dos chapopoteras naturales ubicadas en la zona. La mandataria señaló que, aunque se identificó un derrame original de un barco, existen otras manchas en el Golfo cuyas fuentes están siendo determinadas mediante trabajos de investigación técnica.

El despliegue operativo cuenta con la participación de más de 2,450 elementos distribuidos en puntos estratégicos de la costa. Las autoridades federales indicaron que las labores se concentran en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y áreas cercanas al Complejo Cantarell, donde se busca mitigar el impacto ambiental del evento registrado.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron un reporte divergente respecto a las cifras oficiales. Mediante el análisis de imágenes satelitales, estas agrupaciones estiman que la extensión del litoral afectado alcanza los 630 kilómetros, con una mancha de hidrocarburos de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados.

En un comunicado conjunto, las ONGs acusaron falta de transparencia por parte del gobierno federal, afirmando que las imágenes evidencian un conocimiento temprano del incidente, una contención insuficiente y opacidad en la información pública sobre la magnitud del derrame, sus riesgos asociados y las medidas de respuesta implementadas inicialmente.

La discrepancia entre la narrativa oficial y los reportes ciudadanos también abarca la temporalidad del evento; mientras el gobierno reporta acciones desde la detección formal el 3 de marzo, las organizaciones ambientales sostienen que existía conocimiento de la situación desde febrero, cerca de la plataforma Abkatún en Campeche, sin que se emitieran alertas oportunas a la población.

Las autoridades continúan con las inspecciones submarinas utilizando drones y buzos para precisar el alcance del daño y confirmar los focos de emanación, en medio de un escenario de contingencia que moviliza a múltiples dependencias federales y estatales en la región veracruzana.