Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya cuenta también con aprobación del Senado, donde obtuvo 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

De acuerdo con la reforma, las pensiones del personal de confianza en entes públicos no podrán rebasar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. La medida busca limitar los beneficios pensionarios en organismos del Estado que hasta ahora contaban con esquemas diferenciados.

Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección de privilegios en el sistema de pensiones públicas. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su partido votará a favor de la reforma a pesar de expresar inconformidad y críticas por omisiones y el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos.

Jubilados y pensionados han organizado protestas tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como frente al Congreso local en Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, se ha manifestado en contra de la reforma por el temor a una aplicación retroactiva que afecte a quienes ya están disfrutando de su pensión.

La controversia central gira en torno a si la reforma aplicará retroactivamente o no, punto que permanece sin claridad definitiva. Mientras legisladores oficialistas defienden la medida como necesaria para corregir desigualdades, opositores y grupos de jubilados advierten sobre posibles efectos retroactivos y omisiones en la redacción de la reforma.

Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma constitucional avanza hacia su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, aunque persisten las dudas sobre su implementación específica entre los sectores afectados.