En Bolivia el sistema judicial experimentó una transformación significativa bajo el liderazgo de Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). Morales, argumentando que el sistema judicial favorecía a los poderosos, propuso la elección popular de jueces como una solución para democratizar la justicia. En 2011, esta reforma judicial se implementó con la esperanza de mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el poder judicial.

La iniciativa de elección popular de jueces buscaba permitir que la población tuviera un papel activo en la selección de sus jueces, esperando así reducir la influencia de las élites y garantizar que la justicia fuera accesible para todos los bolivianos. Sin embargo, este sistema no ha estado exento de críticas y controversias. Un caso notorio que reveló las fallas en este sistema fue el de Richard Choque Flores, un feminicida que fue liberado por un juez corrupto y posteriormente volvió a matar. Este y otros casos similares destacaron la existencia de una red de corrupción dentro del sistema judicial.

A pesar de los esfuerzos iniciales por parte del gobierno de Evo Morales para combatir la corrupción y fortalecer la independencia del poder judicial, surgieron preocupaciones sobre la politización del proceso electoral y la posible injerencia del gobierno en la selección de candidatos. Las críticas se intensificaron cuando se reveló que la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS, tenía una influencia significativa en la preselección de candidatos, lo que generaba sospechas de favoritismo y falta de transparencia.

La implementación de la elección popular de jueces en Bolivia fue única y marcó un hito en la historia del país. Sin embargo, la falta de información pública sobre los candidatos y el alto porcentaje de votos nulos y en blanco reflejaron el descontento y la desconfianza del público en el proceso. A pesar de las promesas de transparencia y democratización, la percepción de corrupción y la falta de independencia judicial continuaron siendo problemas persistentes.

El impacto de este sistema ha tenido repercusiones más allá del ámbito judicial. La percepción de un poder judicial corrupto y politizado ha afectado la reputación de Bolivia como destino de inversión, generando un clima de inseguridad jurídica que desincentiva la inversión a largo plazo. Aunque los simpatizantes del MAS defienden la reforma como un paso necesario para limpiar la corrupción, la realidad muestra que el desafío de lograr una justicia verdaderamente imparcial y accesible para todos los bolivianos sigue siendo un objetivo por alcanzar.

Un informe del World Justice Project de 2022 revela que solo el 29% de los bolivianos creen que los funcionarios de alto rango serían responsabilizados por romper la ley. Es decir, la gran mayoría de las personas creen que, con los jueces a modo, los tomadores de decisiones políticas gozan de impunidad. 

Por Luis Martínez Alcántara.