Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. El organismo nacional sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una “lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional”.

La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. Además, argumentó que antes de una intervención de esa naturaleza debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional, acusando al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado relativos a las condiciones para su intervención.

En su postura, la CNDH indicó que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012). Asimismo, aseveró que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. El organismo recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y señaló que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes.

Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. La CNDH también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país, y arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.

Frente a este escenario, el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal y pidió al Estado atender las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición. El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe y denunció que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad.

El colectivo destacó que el Comité contra la Desaparición Forzada encontró indicios de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y ha pedido que la ONU apoye a las víctimas, sus familias y al Estado. Asimismo, subrayó que el CED determina que al menos algunas organizaciones criminales que operan en el país cumplen con los criterios del Estatuto de Roma para ser consideradas formalmente como organizaciones con capacidad de cometer desapariciones forzadas.

Según el colectivo, el Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas. El grupo indicó que el Comité concluye que las autoridades responsables siguen rebasadas por la magnitud de los crímenes, haciendo indispensables cambios estructurales profundos, mientras que Amnistía Internacional celebró la decisión del comité y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias.