Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y calificó el tema como un asunto de Estado que no puede ser resuelto mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo. La declaración se dio en el marco de la reapertura de investigaciones sobre el magnicidio ocurrido en 1994, el cual involucra ahora la hipótesis de un segundo tirador.

Durante su intervención pública, la jefa del Ejecutivo federal abordó las recientes afirmaciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador y hijo de la víctima, quien sostuvo que la Presidenta tiene la facultad legal para indultar al reo pero carece de la voluntad política para hacerlo. Sheinbaum contradijo esta postura al enfatizar que la naturaleza del caso trasciende la discrecionalidad presidencial y requiere un tratamiento institucional riguroso.

En su respuesta, la mandataria hizo referencia irónica a la situación política del senador Colosio Riojas, cuestionando su aspiración a la gubernatura de Sonora mientras ocupa una curul en el Senado por Nuevo León. Este intercambio marcó el tono de la discusión pública sobre el caso, donde la administración federal busca distanciarse de acusaciones de obstrucción o falta de interés en el esclarecimiento total de los hechos.

Documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, respaldan la complejidad jurídica del expediente. La investigación actual se centra en determinar la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien ha sido señalado como posible coautor o segundo tirador en los hechos de Lomas Taurinas.

El procedimiento judicial relacionado con Sánchez Ortega se encuentra actualmente en suspenso, lo que añade capas de dificultad al proceso de justicia que demanda la familia Colosio y la opinión pública. La Fiscalía General de la República (FGR) ha avanzado en la reapertura del caso, aunque hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento formal que confirme la hipótesis de un complot político detrás del asesinato.

La postura de no indulto establecida por Sheinbaum cierra la puerta a cualquier resolución administrativa rápida y mantiene el caso en el ámbito de la justicia penal ordinaria. Con esta decisión, el gobierno federal intenta blindar el proceso de interpretaciones políticas, aunque las tensiones con los familiares de la víctima permanecen latentes debido a las discrepancias sobre el alcance de la verdad histórica y judicial.