Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación se realizó con 128 senadores presentes, obteniendo 87 votos a favor de las bancadas de Morena, PVEM y PT, y 41 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Aunque el bloque oficialista logró la mayoría calificada necesaria para avanzar con la minuta, la aprobación incluyó una divergencia clave: el Partido del Trabajo (PT) reservó su posición respecto a la revocación de mandato, logrando que esta figura no se modifique para adelantarla al año 2027.

El dictamen aprobado en lo general contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, enfocadas principalmente en la austeridad republicana y la reestructuración de gastos públicos. Entre las medidas validadas se encuentra el tope máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del presupuesto estatal correspondiente, y la eliminación de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, se estableció un recorte progresivo del 15% al presupuesto operativo del Senado.

Durante la presentación del dictamen en la sesión, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la relevancia constitucional y democrática de la reforma. El senador afirmó que el proyecto recoge la convicción de que el poder en México ya no debe entenderse como privilegio, sino como responsabilidad y mandato popular. Cantón Zetina subrayó que se avanza en la eliminación de beneficios injustificados y excesos que distorsionaron el servicio público durante décadas, apostando por una cultura política donde el poder se ejerza con humildad y sobriedad.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, coincidió en que el proyecto define una nueva concepción del ejercicio de las responsabilidades públicas. Sin embargo, el tratamiento del artículo 35 constitucional, que planteaba cambiar la temporalidad de la revocación de mandato para realizarla conjuntamente con la elección intermedia de 2027, fue el punto de quiebre. A pesar de que el PT sumó sus votos para la aprobación en lo general, presentó una reserva en lo particular para eliminar cualquier cambio a este mecanismo, manteniendo así las reglas actuales que fijan el proceso para 2028.

La decisión de votar la iniciativa por partes permitió destrabar el avance legislativo de las medidas de austeridad, separándolas de la polémica sobre la revocación de mandato. Con esta resolución, la minuta ha sido remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso de revisión y discusión. De ser aprobada sin cambios adicionales en San Lázaro, la reforma requerirá la validación de la mayoría de los congresos locales para entrar en vigor, consolidando así los recortes presupuestales y las nuevas topes salariales para funcionarios electorales y legislativos.