Por Redacción

Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de los permisos de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, medida derivada del incumplimiento de la reglamentación vigente. Entre las entidades afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque la lista completa de las organizaciones suspendidas no ha sido detallada en el comunicado oficial.

De acuerdo con lo informado por la autoridad fiscal, la decisión responde a que dichas agrupaciones no lograron satisfacer los requisitos establecidos para mantener su estatus como donatarias autorizadas. La normativa aplicable, contenida en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), establece un marco estricto para estas instituciones, condicionando su operación al apego total a las disposiciones fiscales.

La legislación prevé consecuencias severas si la situación no se regulariza. Específicamente, la LISR estipula que si una organización no logra recuperar su permiso en un plazo máximo de 12 meses, está obligada legalmente a destinar todo su patrimonio a otra donataria que cuente con autorización vigente, lo que implicaría la desaparición operativa de la entidad sancionada.

Frente a esta determinación, algunas de las organizaciones mencionadas han comenzado a trabajar en la resolución de su situación administrativa ante el SAT. Fuentes cercanas al proceso indicaron que existen esfuerzos activos para subsanar las observaciones, con la expectativa de obtener una respuesta favorable sobre la revalidación de sus permisos a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial detallada por parte de Mexicanos Primero, México Evalúa o el IMCO respecto a las causas específicas que motivaron la suspensión ni sobre las estrategias legales que podrían emprender. La falta de claridad sobre el número exacto de organizaciones suspendidas versus aquellas dadas de baja permanentemente genera incertidumbre en el sector social.

Esta acción del SAT marca un punto de inflexión en la relación entre el fisco y el tercer sector en México, poniendo bajo escrutinio la capacidad operativa de decenas de grupos civiles que dependen de los incentivos fiscales para financiar sus proyectos. La evolución de estos casos en las próximas semanas definirá el panorama inmediato para la sociedad civil organizada en el país.