Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), acción que forma parte de un proceso que ha impactado a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el país. La medida se basa en la interpretación de la autoridad fiscal de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de dichas entidades, generando una discrepancia con las organizaciones que aseguraron haber cumplido los trámites correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja directamente, mientras que el universo de entidades afectadas por la revocación o la incertidumbre administrativa supera el centenar. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, manifestó que realizó puntualmente sus obligaciones fiscales y obtuvo la acreditación requerida por la SECIHTI, organismo que en su momento validó sus actividades para mantener el beneficio fiscal.

La controversia radica en la contradicción entre el cumplimiento formal reportado por las organizaciones y la nueva disposición interpretativa del SAT. Mientras el IMCO y otras entidades sostienen que actuaron bajo los lineamientos de la secretaría competente, la autoridad tributaria determinó retroactivamente que dicha secretaría carecía de la facultad para emitir dichas acreditaciones, lo que derivó en la pérdida del reconocimiento como donatarias autorizadas.

Este cambio en los criterios de validación ha dejado en un limbo administrativo a numerosas entidades que operan bajo el modelo de donatarias, las cuales dependen de este estatus para recibir deducibles de impuestos por parte de sus donantes. La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades y la resolución de solicitudes pendientes, como la presentada por el IMCO el 18 de noviembre, mantiene la tensión entre el sector social y la administración tributaria.

El contexto de esta acción se da en un entorno donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales, aunque en el caso específico mexicano, el conflicto se centra en la interpretación de las atribuciones burocráticas entre dependencias federales. Hasta el momento, no se ha divulgado una lista completa de las organizaciones afectadas ni una fecha única de notificación para todos los casos, lo que dificulta la dimensión exacta del impacto operativo en el tercer sector.

La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad jurídica de las organizaciones civiles frente a cambios en la interpretación de las leyes fiscales y las competencias intersecretariales. Sin una resolución definitiva que aclare el procedimiento correcto de acreditación, las más de 100 entidades enfrentan riesgos operativos que podrían limitar su capacidad de recaudación y ejecución de proyectos de competitividad e innovación en México.