Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, así como por Pemex y la ASEA, informó la recolección de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral afectado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Las autoridades detallaron que se ha destinado una inversión de 217 millones de pesos para la limpieza de playas y ocho millones más para el despliegue de embarcaciones especializadas, mientras se continúan las labores de contención y saneamiento en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de este equipo de trabajo con el objetivo de dilucidar las causas exactas del incidente y determinar si persiste alguna fuga activa. Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre el origen del vertido, aunque versiones iniciales apuntan a un barco de una empresa externa a Petróleos Mexicanos. Asimismo, Pemex ha dispuesto un apoyo económico superior a los 35 millones de pesos para las comunidades pesqueras impactadas por la contingencia ambiental.

A pesar de los reportes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica han acusado al gobierno de conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad en el manejo de la crisis. Estos grupos sostienen, basándose en imágenes satelitales, que el derrame habría iniciado entre el 11 y el 17 de febrero desde una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, extendiéndose por 50 kilómetros cuadrados sin que se emitiera una alerta pública oportuna o se activara el Plan Nacional de Contingencia.

En cuanto al impacto en la fauna, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz emitió un informe sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado. Las autoridades estatales afirmaron que el deceso fue causado por una hemorragia severa derivada de una lesión traumática, descartando oficialmente que la muerte del cetáceo esté vinculada a la contaminación por hidrocarburos, aunque la vigilancia sobre la afectación ecosistémica continúa bajo escrutinio.

Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, expresó su preocupación por la falta de transparencia en la gestión del desastre. La activista señaló que la población desconoce el grado real del daño, ya que no se han informado estudios técnicos relevantes ni se ha socializado la información necesaria para dimensionar la tragedia ecológica. Mientras tanto, persisten contradicciones entre las cifras oficiales y los reportes periodísticos que sugieren una afectación de hasta 630 kilómetros de costa, llegando incluso a Tamaulipas.