Nueva York, 27 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que reconoce la esclavitud transatlántica como un crimen contra la humanidad y establece un marco para buscar justicia y reparación, tras una votación donde 123 países se pronunciaron a favor, tres en contra y 52 se abstuvieron. La iniciativa, impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom), fue rechazada por Estados Unidos, Israel y Argentina.

António Guterres, secretario general de la ONU, calificó la trata de personas como un acto que atacó el núcleo mismo de la condición humana, devastando familias y comunidades durante siglos. En su declaración oficial, el mandatario enfatizó la necesidad de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación frente a este legado destructivo que afectó a al menos 12.5 millones de personas a lo largo de 300 años.

Por su parte, John Dramani Mahama, expresidente de Ghana y figura clave en la promoción del texto, señaló que la adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido y permitirá cuestionar la cicatriz duradera dejada por la esclavitud. El documento busca abrir camino a mecanismos de reparación histórica, aunque no posee carácter vinculante para los estados miembros.

Estados Unidos justificó su voto en contra mediante su representante Dan Negrea, quien afirmó que el país no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Negrea describió el texto como problemático en innumerables aspectos, argumentando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.

A pesar de la oposición de algunas potencias, el respaldo mayoritario de la Asamblea General marca un hito político significativo para las naciones africanas y caribeñas que han liderado el llamado al reconocimiento formal de los daños causados por la trata transatlántica. La resolución sienta un precedente diplomático para futuras discusiones sobre compensaciones y medidas correctivas a nivel global.