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LA SRE EXIGE DERECHOS Y ALERTA CONDICIONES DEPLORABLES EN ALLIGATOR ALCATRAZ

Por Monserrat Californias

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los dos mexicanos detenidos en el centro migratorio “Alligator Alcatraz” son hermanos: Carlos Martín y Alejandro González. Uno, turista con visa vigente, y el otro, residente legal casado con ciudadana estadounidense, fueron retenidos tras una infracción menor de tránsito en Florida. Ambos ya reciben asistencia consular y legal a través del programa PALE.

Hasta el momento, se han identificado al menos 14 connacionales retenidos en este centro, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La SRE aseguró que mantiene comunicación constante con las familias y que acompaña cada paso del proceso legal y administrativo.

Las condiciones en “Alligator Alcatraz” han suscitado fuertes críticas: sin acceso adecuado a agua, baños portátiles ineficientes, falta de higiene, alimentación limitada y presencia de fauna peligrosa en el entorno. También hay denuncias de falta de atención médica y restricciones a la privacidad y documentación legal.

Activistas y grupos de derechos humanos han calificado las condiciones como “terror psicológico” e “inhumanas”, denunciando abuso de poder, hacinamiento y falta de transparencia. Se ha impedido el acceso de periodistas y legisladores, y algunos comparan el centro con instalaciones de tortura para disuadir migrantes.

El cónsul mexicano en Orlando indicó que los hermanos carecen de número de expediente migratorio, lo que complica su acceso a representación legal y un debido proceso. La falta de inscripción en ICE impide que abogados accedan plenamente a sus casos, situación que podría violar sus derechos civiles.

La SRE y gobiernos locales han solicitado la pronta repatriación de los hermanos González y han advertido de posibles violaciones a sus derechos humanos. Mientras tanto, la repercusión del caso aviva el debate sobre el trato a los migrantes—especialmente mexicanos—incluyendo detenciones arbitrarias y condiciones severas en centros estatales fuera del alcance de controles federales.