°El censo efectuado para reducir las cifras de desaparecidos es ilegal, porque fue realizado por los “siervos de la nación”, sin experiencia ni preparación para ello
°Las labores de búsqueda deben ser realizadas por las Fiscalías y la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen preparación en materia forense y de búsqueda de personas
°Sobre el censo oficial, familiares de desaparecidos dijeron sentirse amenazados e intimidados por temor de que los encuestadores fueran parte del crimen organizado

Van 17 años de una estrategia fallida de seguridad, incluidos los mas cinco años de la actual administración, donde Morena y su gobierno no han logrado frenar las desapariciones y los homicidios, al contrario, se empeñan en desaparecer a los desaparecidos, pues a como dé lugar, buscan borrar de la lista nacional más de 34 mil personas, denunció la senadora Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC).

Y mientras los muertos y desaparecidos siguen en aumento (otras cifras indican que pretenden “borrar” más de 20 mil desaparecidos), desde la tribuna de la Cámara Alta la legisladora del partido naranja expuso de manera tajante:

“En ese lapso de tiempo, más de 300 mil personas han perdido la vida en el país a causa de la estrategia fallida de seguridad y también de la militarización que empezó la alianza (PAN-PRI-PRD) y que hoy continúan ustedes (Morena), y que la llevaron al siguiente nivel para legalizarla; ahora esperemos cómo llegan las reformas que está proponiendo el Presidente, porque parece ser que quieren tocar el transitorio que obliga a las Fuerzas Armadas a salir de la Guardia Nacional”.

Lo más grave de la situación, agregó, es que a pesar de las recomendaciones de organizaciones y observadores de derechos humanos, Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se empeñan en desaparecer a los desaparecidos. “Aún con la ‘rasurada’ a las cifras de desaparecidos, los muertos y los desaparecidos siguen en aumento y no han logrado poner un freno a las desapariciones y a los homicidios”, señaló.

Ballesteros Mancilla, hora también coordinadora de campaña del candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, recordó que en julio del año pasado, el presidente López Obrador anunció un “censo casa por casa” para actualizar el registro de personas desaparecidas.

En diciembre pasado, dijo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que del registro de 110 mil personas desaparecidas, 34 mil 523 personas fueron ubicadas, lo que implica una reducción del 31% del total.

En ese momento, el aún senador Jorge Álvarez Máynez presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Segob información detallada sobre ese censo, incluyendo nombre y teléfono de las personas supuestamente encontradas; y realizar mesas de trabajo con familiares de desaparecidos y miembros de sociedad civil para diseñar un censo en conjunto.

La senadora Ballesteros Mancilla afirmó que se trata de un censo a todas luces ilegal, porque fue realizado por autoridades incompetentes e inexpertas.

Esto porque las labores de búsqueda deben ser realizadas por las Fiscalías y por la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen preparación en materia forense y de búsqueda de personas, pero ese censo fue realizado por la Secretaría del Bienestar a través de los llamados “siervos de la nación”, quienes no tienen preparación para ello y, en la práctica, sólo funcionan como militantes de Morena.

También aseguró que dicha muestra resultó revictimizante, porque familiares de desaparecidos revelaron sentirse amenazados e intimidados durante el levantamiento de ese censo, porque tenían el temor de que los encuestadores fueran parte del crimen organizado o estuvieran con las mismas autoridades que, en ocasiones, los amenazan y atacan para detener su búsqueda.

Fue por esas razones que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) solicitó que el censo se detuviera, precisó la legisladora naranja, quien agregó que fue un censo opaco, debido a que nunca dieron a conocer los lineamientos para realizarlo, además de que violaron los protocolos de búsqueda.

“Las autoridades para buscar personas deben cumplir el Protocolo Homologado de Búsqueda y la Ley General de Víctimas. Para borrar a una persona del Registro Nacional de Personas Desaparecidas deben encontrar una ‘prueba de vida’ fehaciente que permita saber que la persona no está desaparecida. Los siervos de la nación están capacitados ni facultados para cumplir estos protocolos, y mucho menos encontraron pruebas de vida para borrar a los desaparecidos y lo hicieron con meras entrevistas”, puntualizó.

En resumen, señaló Laura Ballesteros, el censo oficial para disminuir a los desaparecidos no cumplió los protocolos de búsqueda ni la Ley General de Víctimas, “por lo que no se puede borrar ni una sola de las 110 mil 964 personas que forman parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas”, advirtió.

PERO EL GOBIERNO INSISTE EN DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS

En un análisis publicado por Georgina Zerega en el diario español El País, señaló que el gobierno de López Obrador ha vuelto a ponerle cifra a la crisis de los desaparecidos en México, pero en esta ocasión, menor a la que se había hecho pública por última vez.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el número de personas cuyo paradero no se conoce es de 99 mil 729, de un total de 120 mil 473 desaparecidos. La reducción se debe, según explicó el pasado lunes en la conferencia matutina, a la localización de unas 20 mil 734 personas entre agosto del año pasado y el 15 de marzo de este año.

Zerega sostiene con esas cifras que la administración actual está envuelta en la polémica con el tema de los desaparecidos, por un lado, el año pasado el registro de aquellos que fueron finalmente hallados cayó en un 60%, a pesar de la movilización de recursos y servidores públicos.

Y por el otro, dice, las quejas por el subregistro de algunos casos en el conteo nacional ha apuntado los dedos contra el gobierno por la doble desaparición de algunas personas. En medio de esa controversia, las autoridades aseguran que está en marcha una nueva jornada nacional de búsqueda.ar en muchas cosas, pero el fracaso será no intentarlo’
“Las cifras de desaparecidos para el gobierno de López Obrador representan un embrollo del que no se han podido librar fácilmente. La base de datos actual de la Comisión Nacional de Búsqueda establece que los desaparecidos que no han sido localizados hasta este lunes son unos 114 mil 926. Pero el Ejecutivo ha dicho otra cosa”, comenta.

La explicación, argumenta la periodista española, podría deberse a lo que señaló Alcalde en la mañanera del lunes. Hay unas 15 mil 158 personas que fueron encontradas, pero su registro no fue aún formalizado. Esa resta dejaría la cuenta oficial del gobierno en menos de 100 mil personas faltantes.

Otro dato en el que han insistido es el que apunta que un 86% de quienes fueron localizados dijeron no haber sido víctima de un delito. “Un dato que a primeras puede sonar engañoso, porque no representa la crisis del total de los desaparecidos, sino solo de los que han vuelto a sus casas”, advierte Zerega.

Una de las prácticas que el Ejecutivo, tanto federal como algunos Estatales han ejecutado, fue la búsqueda generalizada, donde hacen visitas domiciliarias con el fin de localizar a la persona y es una metodología que ha servido mucho en Ciudad de México, donde alrededor de la mitad de los desaparecidos son localizados a la semana, según informó Martí Batres, jefe de Gobierno.

Ahora habrá que esperar las nuevas cifras, porque el gobierno está realizando otra jornada nacional de búsqueda que finalizará este 25 de marzo, en la cual, según tienen previsto visitar unas 31,000 direcciones nuevas con el fin de encontrar a más desaparecidos.