Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma legislativa destinada a prohibir el uso del llamado “buró laboral” en los procesos de contratación en México. La medida, impulsada por el senador morenista Saúl Monreal, fue validada por la cámara alta el pasado 24 de marzo y tiene como objetivo frenar prácticas que condicionan el acceso al empleo basándose en historiales previos no oficiales o registros privados.
Con esta aprobación, la iniciativa queda turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión posterior. La propuesta busca modificar el marco legal vigente para evitar que los empleadores utilicen mecanismos alternos al sistema formal de seguridad social o referencias verificables para descartar candidatos, una práctica que ha sido señalada por limitar las oportunidades de trabajo sin sustento jurídico claro.
Durante el proceso en el Senado, el senador Saúl Monreal destacó la necesidad de regular estas acciones que afectan a los trabajadores. Aunque el texto aprobado establece la prohibición de estos registros privados, la investigación disponible no detalla aún las sanciones específicas que enfrentarían las empresas que continúen utilizándolos, ni la fecha exacta en que la normativa entraría en vigor de ser ratificada por los diputados.
La discusión sobre esta reforma se da en un contexto donde analistas han identificado diversas estrategias empresariales para contener los costos laborales sin recurrir necesariamente a filtros de contratación informales. Reportes periodísticos señalan que algunas compañías optan por ofrecer “salario emocional”, solicitar horas extra no remuneradas o ampliar las responsabilidades de los puestos sin un ajuste salarial proporcional como métodos para evitar aumentos reales en la nómina.
Mientras la legislación avanza en el Congreso, persisten interrogantes sobre el alcance real de la prohibición del buró laboral y cómo se vigilará su cumplimiento. La falta de cifras oficiales sobre cuántas personas o empresas se ven afectadas por estos registros dificulta dimensionar el impacto inmediato de la medida, cuya efectividad dependerá de los acuerdos que se alcancen en la cámara baja y de los mecanismos de aplicación que se definan en los reglamentos correspondientes.
