Por Redacción
Ciudad De México, 11 de agosto de 2026.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido omisa en sus obligaciones derivadas del Acuerdo Presidencial de 2019, el cual ordenó entregar y transparentar los archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en sesión del pasado 6 de agosto el amparo en revisión 43/2025, relacionado con los archivos de la llamada ‘Guerra Sucia’ que permanecen en secreto en manos del Ejército. Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron el amparo a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida desde 1978.
En febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instrucción presidencial para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los archivos históricos sobre persecuciones políticas y violaciones a derechos humanos, garantizando su acceso público. Esta obligación comprende a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Sedena; sin embargo, los archivos militares de esa época no han sido transferidos íntegramente.
La relevancia de esta documentación quedó demostrada durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que encontró información relevante para establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, el Ejército posteriormente obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas previamente identificadas y negó el acceso a documentación relevante, hechos documentados por el MEH en su informe de octubre de 2023 titulado ‘Las formas del silencio’.
Frente a este incumplimiento, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh, promovió en noviembre de 2023 un juicio de amparo. Durante la discusión del 6 de agosto, se determinó que la resolución final debe incluir la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos, imparcial y con participación del AGN, para llevar a cabo la identificación y transferencia de la documentación militar, tal como fue solicitado por la quejosa.
