La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI) de la entidad, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal detectó un esquema de corrupción que involucra transferencias bancarias por más de 54 millones de pesos provenientes de cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas con recursos presuntamente desviados del erario estatal. La cifra total investigada asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos. Además de la responsabilidad por el monto global, la fiscalía imputa específicamente a Villarreal la disposición de 762,000 pesos para uso personal durante su gestión.
Las fuentes consultadas señalan que Villarreal fungió como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023. En este contexto, se investiga si parte de los fondos del instituto fueron canalizados para actividades políticas, aunque la cantidad acreditada judicialmente en su contra corresponde al uso indebido de los 762,000 pesos mencionados.
En el mismo caso de desfalco al erario estatal también fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del INVI. Previamente, la justicia había actuado contra otros involucrados en la red de corrupción: Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad; Edy Hassan, socio de Ramírez; y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario, quienes fueron detenidos por el delito de peculado.
La información periodística revela que existen discrepancias sobre la tipificación de los delitos para algunos funcionarios. Mientras la Fiscalía Anticorrupción mantiene la imputación por operaciones con recursos ilícitos, fuentes de la Contraloría Estatal indicaron que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el delito actual podría ser desechado. Por otra parte, reportes señalan que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección del INVI en octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco al haber autorizado transferencias mientras se vaciaban las cuentas, aunque su situación legal específica no forma parte de esta vinculación a proceso.
El caso pone bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a programas de vivienda social en Baja California Sur. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el blanqueo de capitales, mientras los imputados enfrentan el proceso bajo las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial.
