Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades en México representan el 50.7% del territorio nacional, agrupando a 3,266 núcleos agrarios. Sin embargo, solo el 48% de estos cuenta con sus órganos de representación actualizados, una situación que Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó como “preocupante”.

La falta de órganos de representación vigentes impide a los ejidos realizar trámites esenciales, solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de bosques, abrir cuentas bancarias u obtener su registro federal de contribuyentes. Además, únicamente el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos presenta deficiencias en su elaboración.

En cuanto a la depuración de padrones, el Registro Agrario Nacional ha recibido 8,764 solicitudes, lo que corresponde al 27% del total de núcleos agrarios del país. De este volumen, solo 1,589 se han actualizado, es decir, apenas el 4.9%. Por otro lado, el 64% de los ejidatarios sí cuenta con su lista de herederos actualizada.

Este escenario se enmarca en la Ley Agraria promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Dicha legislación permitió la privatización de la tierra mediante la entrega de certificados de dominio pleno a los ejidatarios, facultándolos para vender o rentar sus tierras.

Bajo este marco jurídico, los ejidatarios pudieron rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono. Ante esta realidad, Arturo García Jiménez señaló que se “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que dieron pie a los hurtos.