Tijuana, 15 de julio de 2026.- La Sindicatura de Tijuana ordenó la suspensión provisional de una agente de la Policía Municipal investigada por impedir el acceso de una madre a una graduación escolar el pasado 7 de julio. La medida cautelar se adoptó tras iniciarse una investigación de oficio, motivada por la difusión del caso en redes sociales.

La titular de la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, informó que el objetivo de la investigación es determinar si los oficiales actuaron conforme a la ley, respetando los protocolos establecidos y con perspectiva de género. La dependencia recibió un informe el 8 de julio que señala que la oficial suspendida incumplió protocolos específicos que marcan los procedimientos de intervención.

“El cumplimiento de dichos procedimientos constituye una obligación para las y los elementos policiales ante la posible comisión de un delito, además de que las documentales obtenidas durante la investigación advierten indicios sobre la participación de la agente suspendida en la intervención policial el día de los hechos”, declaró Balderas Beltrán.

El altercado registrado en video ocurrió entre Alejandra Gaxiola, ex pareja del boxeador Jaime Munguía, y el abogado de este último. Gaxiola reclamaba al letrado por impedirle, con ayuda de elementos de la Policía Municipal, el acceso a las instalaciones del plantel ubicado en la colonia Madero, donde se llevaba a cabo un evento de su hijo, específicamente la graduación del mayor de ellos.

Según videos que circulan en redes sociales, testigos dijeron que, supuestamente, la intervención de parte de la autoridad habría sido agresiva, apuntando a un presunto uso indebido de la corporación. Ante esto, se aplicó un procedimiento de indagación administrativa al existir elementos que de manera preliminar justifican la necesidad de preservar el adecuado desarrollo de las diligencias.

Respecto a la medida tomada contra la servidora pública, Balderas Beltrán explicó que “tiene como finalidad evitar que la permanencia de la servidora pública en funciones pueda incidir en el desarrollo de la investigación, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a sus derechos laborales”.