Por Redacción

Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes desde Palacio Nacional un Plan B de Reforma Electoral que contempla recortes presupuestales a congresos locales y regidores municipales, con un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos que serían destinados a obras públicas. La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Unión este martes, surge después del rechazo el 11 de marzo del Plan A por parte de los aliados de Morena, el PT y el PVEM.

El nuevo proyecto se enfoca específicamente en reducir los gastos de operación de los legislativos estatales y los ayuntamientos, dejando fuera por el momento cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de partidos políticos federales. Sheinbaum destacó que la medida busca “optimizar el uso de los recursos públicos” y combatir lo que calificó como “privilegios” en las estructuras legislativas locales.

Según datos presentados durante la conferencia matutina, el costo por legislador en Baja California asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones de pesos, cifras que la administración federal considera excesivas. La iniciativa requerirá ser aprobada en al menos 17 congresos locales para su implementación, un proceso que podría enfrentar resistencia en entidades gobernadas por oposición.

El anuncio se produce en un contexto político complejo, luego de que la semana pasada el PT y el PVEM votaran mayoritariamente en contra de la reforma electoral más amplia que impulsaba el gobierno federal. Esta fractura en la coalición gobernante obligó a replantear la estrategia y presentar una versión recortada de la iniciativa original.

Analistas políticos señalan que el Plan B representa un intento del gobierno por mantener vivo el proyecto de reforma electoral tras el revés legislativo, aunque con un alcance más limitado. La propuesta se centra en aspectos donde existe mayor consenso dentro de la coalición oficialista y donde podría generar menos controversia constitucional.

El mecanismo específico para “etiquetar” los ahorros hacia obras públicas aún no ha sido detallado, así como el texto completo de la iniciativa que será turnada al Congreso. Se espera que en los próximos días se conozcan los pormenores de la propuesta y el calendario legislativo para su discusión.