Washington, 28 de marzo de 2026.- Senadores republicanos y demócratas acordaron la madrugada del viernes 27 de marzo financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El acuerdo, que ahora pasará a la Cámara de Representantes para su aprobación, incluye componentes como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Guardia Costera, en medio de una crisis presupuestaria que ha dejado sin salario a miles de empleados federales.

En paralelo a las negociaciones legislativas, Markwayne Mullin juramentó como nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una ceremonia realizada en la Casa Blanca, donde estuvo presente el presidente Donald Trump. Durante su primera declaración tras asumir el cargo, Mullin afirmó que su trabajo es proteger a todos por igual, sin importar el partido político, y reconoció la labor de los miembros del departamento que han cumplido 30 días sin recibir su salario pero han seguido acudiendo a trabajar.

Ante la situación de emergencia operativa, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria. El mandatario indicó en un mensaje en su cuenta de Truth Social que instruirá al nuevo secretario Mullin para ejecutar el pago de inmediato y detener el caos en los aeropuertos, donde se han registrado altos índices de ausentismo.

Las cifras de afectación son significativas en puntos neurálgicos del país: se registró un 40.3% de ausentismo en la TSA del Aeropuerto William P. Hobby de Houston, Texas, y un 37.4% en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia. Estos faltantes masivos han generado retrasos y problemas operativos que la administración busca mitigar con la inyección urgente de fondos.

Trump atribuyó la crisis al rechazo de los demócratas a financiar completamente al departamento sin que se incluyeran políticas migratorias para fiscalizar de cerca a los agentes, tras unas polémicas redadas contra inmigrantes que dejaron dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en enero. Con el nombramiento de Mullin y el acuerdo parcial del Senado, el gobierno intenta estabilizar las operaciones críticas del DHS mientras persiste el bloqueo financiero en las agencias de cumplimiento migratorio.