Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a la Ley Minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, prohibiendo el otorgamiento de concesiones a particulares. La resolución, emitida el 24 de marzo, respondió a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición.

El pleno del alto tribunal actuó por unanimidad para determinar que la norma no vulnera el parámetro de regularidad constitucional. La ministra ponente, Sara Irene Herrerías Guerra, explicó que los argumentos de los legisladores impugnantes, que incluían la supuesta falta de facultades del Congreso para reservar este recurso, quedaron sin sustento tras la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024.

Dicha reforma incorporó expresamente al litio como un área estratégica en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con este respaldo, la Corte avaló los artículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera, los cuales establecen la creación de un organismo público descentralizado para la gestión del mineral y declaran como zonas de reserva minera los yacimientos existentes.

En cuanto a la exigencia de consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, la SCJN desestimó el argumento de los demandantes. El tribunal consideró que la norma redefine de forma general la rectoría estatal del recurso sin generar un impacto directo y diferenciado en las comunidades, por lo que la consulta solo sería exigible hasta la etapa de proyectos concretos.

La resolución también precisó que la clasificación de yacimientos como zonas de reserva minera es acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica, siempre que su aplicación cuente con sustento técnico y la intervención del Servicio Geológico Mexicano, conforme a los procedimientos de la Ley Minera y su reglamento.

Con esta determinación, la Corte cierra una impugnación que se enmarca en el contexto del arbitraje internacional que la minera china Ganfeng mantiene contra México desde 2023, tras la cancelación de concesiones en Sonora. Aunque el máximo tribunal ya se había pronunciado sobre la rectoría del Estado en el litio mediante amparos, aquellos efectos no eran generales como los de esta nueva sentencia.