Por Luis Martínez Alcántara

La reciente extinción de siete organismos autónomos en México ha generado una ola de incertidumbre laboral que afecta a más de 3,600 empleados. Esta decisión, oficializada el 21 de diciembre de 2024, se enmarca en un decreto que busca simplificar la estructura gubernamental y que ha sido impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum. Los organismos eliminados incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esta medida argumentando que la desaparición de estos entes permitirá una mayor eficiencia y transparencia en la administración pública. Según su perspectiva, las funciones que desempeñaban estos organismos serán asumidas por otras dependencias del gobierno, lo que, según ella, garantizará un manejo más directo y eficaz de los recursos públicos. Sin embargo, críticos de esta reforma advierten que esta centralización del poder podría llevar a una disminución en la transparencia y un aumento en la opacidad gubernamental.

El futuro laboral de los empleados afectados ha sido un tema central en las discusiones posteriores a la extinción. Aunque Sheinbaum ha señalado que se dialogará con los trabajadores para asegurar que sus derechos sean respetados y que puedan ser reubicados en otras áreas del gobierno, muchos empleados se encuentran preocupados por su estabilidad laboral y las condiciones que enfrentarán al ser transferidos a nuevas dependencias. La falta de claridad sobre el proceso de reubicación ha intensificado el clima de incertidumbre entre los afectados.

Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las implicaciones que esta reforma tiene para los derechos humanos y la transparencia en México. La eliminación del INAI, por ejemplo, pone en riesgo el acceso a información pública imparcial y puede afectar la protección de datos personales. Este contexto ha llevado a voces críticas a cuestionar si realmente se logrará el objetivo de una administración más eficiente o si se abrirán las puertas a prácticas corruptas debido a la falta de contrapesos institucionales.