Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que busca validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. La propuesta se listó para discusión el 9 de abril de 2026, mismo día en que se programó otro proyecto relativo a un juicio del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El caso del IMPI deriva de un amparo en revisión promovido por la empresa Total Play, cuyo origen se remonta a julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron la difusión ilegal de películas en dos sitios web. Tras admitir el trámite en agosto y decretar una medida provisional en septiembre, el IMPI ordenó en octubre a proveedores de Internet, incluido Total Play, bloquear los sitios ante el incumplimiento.

En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada. Sin embargo, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando jurisprudencias donde la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”.

La propuesta del ministro Guerrero García consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que negó el amparo a Total Play. De aprobarse el proyecto, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes.

Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas a la SCJN. La petición, dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, exige realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo.

La entrega fue realizada por representantes como Daniel García Rodríguez, quien estuvo sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, así como por Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, señaló García Rodríguez.

El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura jurídica y el arraigo.