CIUDAD DE MÉXICO.- El derecho a la ciudad aborda los desafíos clave de los asentamientos urbanos, como la rápida urbanización, la exclusión social y la falta de servicios públicos.

Definido por la ONU como el derecho de todos los habitantes a ciudades justas, inclusivas y sostenibles, este concepto promueve la igualdad y el acceso equitativo a los recursos urbanos.

A nivel internacional, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad subrayan la importancia de garantizar condiciones de vida adecuadas y el pleno ejercicio de los derechos humanos en entornos urbanos diversificados.

En México, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Constitución Política de la Ciudad de México refuerzan estos principios, asegurando un desarrollo urbano que prioriza la justicia social, la participación democrática y la sustentabilidad ambiental.

La promoción de ciudades seguras y resilientes requiere esfuerzos conjuntos del Estado, la sociedad civil y las instituciones para eliminar barreras y proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

A nivel nacional, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) en México conceptualiza el derecho a la ciudad como “aquel que busca garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos” (Artículo 4, fracción I). Este enfoque es compartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su estudio sobre ciudades sostenibles y derechos humanos.

La Constitución Política de la Ciudad de México (2017) también reconoce el derecho a la ciudad, definiéndolo como “el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad y sustentabilidad” (Artículo 12). Esta Constitución resalta la dimensión colectiva de este derecho, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y la justicia territorial.

En esencia, todas estas definiciones coinciden en señalar que la ciudad no debe ser entendida únicamente como un espacio geográfico, sino como un escenario propicio para el desarrollo integral de los habitantes. La interrelación e interdependencia con los derechos humanos subraya la importancia de generar inclusión y proteger a los grupos marginados y vulnerables, con el objetivo de crear ciudades para todos, sin discriminación.

La creación de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles implica que el Estado, la comunidad y las instituciones trabajen juntos para empoderar y proteger a las personas, eliminando barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. La ONU-Hábitat destaca la importancia de fomentar la resiliencia urbana para enfrentar los desafíos globales de la urbanización masiva, el cambio climático y la inestabilidad política.

Con información de Mauricio Palomares G.