Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe. Ante la calificación del gobierno federal que tildó el documento de “tendencioso” y sesgado, Albán señaló que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”.

El funcionario internacional refutó la afirmación del gobierno mexicano de que la resolución se basa solamente en casos anteriores a 2017. Albán sostuvo que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, “sin que se vislumbre una tendencia inversa”.

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe. La legisladora advirtió que “México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones” y alertó sobre indicios de que estas se cometen como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática. López Rabadán manifestó que hoy más de 130 mil personas están desaparecidas en el país.

La presidenta de la Cámara de Diputados detalló la crisis forense, indicando que hay 72 mil restos humanos sin identificar, cifra que representa 20 mil más desde que el Comité visitó México en 2021, cuando se registraban 52,004 cuerpos. Además, señaló que se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. “Es urgente erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses”, afirmó López Rabadán.

Kenia López Rabadán consideró que el informe de la ONU es una oportunidad de ayuda y no debe ser ignorado ni descalificado. “Se tiene que hacer algo, se debe éticamente hacer algo, no entrar en una discusión con la ONU, al contrario decirle a la ONU analizar la crisis de desaparecidos”, dijo. Agregó que el país requiere “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia”, pues “México necesita verdad, justicia y respuestas”.

En contraste con la postura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respaldó la postura federal. María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas. González destacó que el documento deja claro que “no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones”.