La comunidad trans peruana se encuentra en alerta tras un reciente decreto del Ministerio de Salud que clasifica la identidad trans como una enfermedad mental. Emitido el 10 de mayo bajo el decreto supremo N° 009-2024-SA, firmado por la presidenta Dina Boluarte, esta medida forma parte de una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

Si bien el Ministerio argumenta que esta clasificación facilitaría el acceso a tratamientos psicológicos gratuitos, ha generado fuertes críticas y preocupaciones en diversos sectores.

Leyla Huerta, presidenta de Féminas Perú, denuncia que esta medida es parte de una política de exclusión y violencia hacia las personas trans, negándoles derechos básicos como la identidad, el trabajo y la ciudadanía. Esta acción ha desatado una controversia en la comunidad LGBTI+ peruana y ha generado pronunciamientos tanto de organizaciones como de individuos en redes sociales.

Manuel Siccha, abogado e integrante de la comunidad LGBT, insta al Congreso a tomar medidas para proteger los derechos de las personas LGBTI y evitar la estigmatización. Asimismo, diferentes colectivos y activistas han organizado acciones para pedir la derogación del decreto y la actualización del sistema de salud peruano conforme a estándares internacionales.

A pesar de que el decreto podría brindar acceso a tratamientos hormonales gratuitos para las personas trans, su repercusión legal y social es preocupante. Se teme que esta clasificación como enfermedad mental pueda ser utilizada para negar derechos fundamentales y abrir la puerta a prácticas como las “terapias de conversión”, consideradas tortura por organismos de derechos humanos.

El Ministerio de Salud ha respondido a las críticas justificando la medida como parte de una cobertura integral en salud mental, pero las dudas y la resistencia persisten en la sociedad peruana.

Por Luis Martínez Alcántara.