Ciudad Juárez, 10 de junio de 2026.- La desaparición de personas en Chihuahua es una herida abierta que ha tocado a miles de familias, mientras la tortura continúa como una práctica sistemática y generalizada en la entidad, según documentó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en un libro publicado para conmemorar su fundación.

El volumen titulado ‘En medio del desierto: un camino compartido’ se presentó en la Feria del Libro de la Frontera, realizada la última semana de mayo de 2026 en esta ciudad. El texto revela que los delitos de desaparición y tortura aumentan en Ciudad Juárez muy por arriba de los casos ocurridos en la capital y el municipio de Cuauhtémoc, siendo las policías municipales de Chihuahua las más señaladas por casos de tortura.

Óscar Enríquez Pérez, sacerdote y fundador del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que cumplió 25 años de fundación en septiembre de 2025, afirmó que “Ciudad Juárez, dentro de su complejidad, ha mantenido una dinámica muy violenta. Sigue habiendo desapariciones forzadas, homicidios dolosos y algunos secuestros también”.

Sobre la evolución del conflicto, Enríquez Pérez indicó que la situación de violaciones a las garantías fundamentales en la ciudad “no ha mejorado. Creo que se mantiene más o menos la misma situación social que había en aquel tiempo”, refiriéndose al periodo desde 2001 hasta 2026.

El fundador del centro explicó que la presencia de militares “provoca muchas violencias, por un lado, y por otro hay presencia del crimen organizado muy fuerte en la ciudad, además del involucramiento de los cuerpos policiacos con el crimen. Todo eso es causante de que haya tantos asesinatos en Juárez”.

De acuerdo con el documento, la violencia recrudeció entre 2007 y 2011 con muchas quejas de personas torturadas, secuestradas, extorsionadas y amenazadas por el crimen organizado o el Ejército. Enríquez Pérez detalló que en ese periodo la situación “se desató como una tormenta inesperada. Llegaron muchísimas quejas de personas torturadas, secuestradas, extorsionadas y amenazadas por el crimen organizado o el Ejército. Incluso recibimos denuncias de ejecuciones extrajudiciales”.

La investigación señala que el comportamiento de los datos sugiere que aunque la militarización influyó en el incremento de la tortura, su práctica se arraigó en dinámicas cotidianas de corporaciones policiales y ministeriales. La estrategia de seguridad se sustentó en operativos de alto impacto que alteraron el funcionamiento de las instituciones civiles e implicó el despliegue masivo de militares y policías federales, especialmente en la frontera.

Aunque las desapariciones han cambiado en contexto y dinámicas, el resultado se mantiene: personas no localizadas y familiares que buscan por sus propios medios ante la falta de respuestas institucionales.