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Morena, PT y PVEM sellan respaldo unánime al ‘Plan B’ de reforma electoral

Por Redacción

La República, 15 de marzo de 2026.- Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo firme y unánime al denominado ‘Plan B’ de reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que su iniciativa original no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El acuerdo, sellado la noche del viernes con la Secretaría de Gobernación, tiene como objetivo central terminar con los privilegios que encarecen el sistema político mexicano, según declararon los legisladores oficialistas.

Senadores y diputados de la coalición gobernante manifestaron su apoyo “total e incondicional” a esta nueva propuesta, la cual se prevé sea presentada formalmente en el Senado de la República el próximo lunes o martes. Los partidos aliados se alinearon estratégicamente para consolidar lo que denominaron “la cuarta transformación” del país, impulsando una campaña en redes sociales que promueve estas alianzas políticas.

La iniciativa busca implementar mecanismos específicos para reducir los costos de operación del sistema electoral mexicano, aunque los detalles concretos de la propuesta y las cifras exactas de ahorro presupuestario aún no han sido revelados públicamente. Los legisladores argumentan que durante años se han mantenido estructuras costosas que benefician intereses particulares en detrimento de las finanzas públicas.

Este respaldo conjunto se produce en un contexto político donde la presidenta Sheinbaum requiere consolidar acuerdos legislativos para avanzar en su agenda de gobierno, especialmente después del revés sufrido con la iniciativa original de reforma electoral que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. La unidad mostrada por los partidos aliados refleja una estrategia coordinada desde el ejecutivo federal para garantizar la viabilidad de sus propuestas de reforma.

El llamado ‘Plan B’ representa un ajuste táctico en la estrategia gubernamental para modernizar el sistema electoral mexicano, aunque se anticipa que enfrentará críticas de partidos de oposición y organismos de la sociedad civil que han expresado preocupación por posibles afectaciones a la autonomía e independencia de las instituciones electorales. El proceso legislativo que seguirá esta iniciativa será clave para determinar el futuro de las reformas estructurales planteadas por el actual gobierno.