La Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dio instrucciones a esos organismos del Poder Judicial iniciar una investigación formal en contra del ex ministro y ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Leo de Larrea, junto a otros funcionarios y ex funcionarios cercanos al mismo, por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otras conductas ilícitas.

La investigación número J/108/2024 también se ha iniciado en contra de Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actúal jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; Carlos Alpízar Salazar, ex secretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecho de Zaldívar; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

En las irregularidades reportadas también se implica a la ex procuradora Arely Gómez González, quien trabajó como contralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar, y quien esta semana fue designada como auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A ella se le señalan complicidades con externos al Poder judicial, como el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos al mismo.

Así lo dio a conocer y hoy el periodista Arturo Ángel, en una extensa nota informativa publicada en Notitia Criminis, un portal informativo en Internet especializado en Derecho Penal, con base en una denuncia anónima que llegó al Poder Judicial de la Federación y de la cual obtuvo copia.

En el acuerdo oficial de apertura de la indagatoria fechado este 9 de abril y del que el citado periodista obtuvo copia, se indica que la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, instruye la apertura de la indagatoria tanto al CJF, así como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN (esta última por ser la única con facultades para indagar a Zaldívar). Ello tras la recepción de un escrito anónimo de denuncia.

“Con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas”, señala el acuerdo.

De acuerdo con el inicio de la indagatoria, Zaldívar Lelo de la Rea habría “vulnerado” la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de “satisfacer intereses personales o de terceros”.

Además, “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se detalla en el documento.

Los brazos operadores de Zaldívar para ejercer estos actos ilícitos, de acuerdo con la denuncia, fueron la referida ex contralora Arely Gómez González, así como el magistrado Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF.

También se menciona en el escrito una lista de más de 50 jueces y magistrados que bajo presunta extorsión o complicidad con Zaldívar y su grupo, habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos, mercantiles y civiles en los sentidos que les eran indicados o “recomendados”.

Entre esos jueces se menciona, por ejemplo, a Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la política Dolores Padierna, o Iván Zeferin Hernández, a cargo de varios de los casos de mayor impacto en temas de corrupción y delincuencia organizada.

“Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos. Un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal, propuesta por el Senado en 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval”, se añade en el escrito.

En otro apartado, se indica que Zaldívar se habría confabulado con el ex consejero de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para operar indebidamente diversos casos. Incluso en asuntos particulares muy oficiales se presionaba a las partes a trabajar directamente con despachos allegados al ex consejero.

De acuerdo con la denuncia que detonó la investigación, la colaboración concreta de Carlos Antonio Alpízar Salazar con Julio Scherer le trajo amplios beneficios políticos, así como la obtención de “grandes sumas de dinero; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.

Se detalla un modus operandi encabezado por Alpízar, mano derecha de Zaldívar, para perpetrar los supuestos actos de extorsión que a la postre le trajeron beneficios.

“Existía un sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil”, se detalla en el escrito.

Esta serie de mecanismos y presiones se habría utilizado para influir en múltiples casos de alto impacto, entre ellos el caso Cruz Azul; Lozoya; Estafa Maestra; Infonavit; Grupo Empresarial Anacar; Tren Maya; Aeropuerto de Santa Lucía; El Heraldo; Forever 21; y varios más.

Y en el caso de Netzaí Sandoval, quien labora actualmente en la ponencia de la ministra Lenia Batres, se advierte que gracias a recursos que obtuvo indebidamente durante su gestión pudo hacerse de diversos servicios y bienes, entre ellos un pent-house en la zona de Santa Fe.

Para obtener los recursos se implementaros diversas modalidades, entre ellas “el establecimiento de cuotas para poder tener una plaza, a veces se pedía una cantidad del sueldo, otras fuertes cantidades de dinero por adelantado, y algunos tenían que entregar bonos y aguinaldos”.

La Ministra Piña Hernández también ordenó que se indaguen varios señalamientos relacionados con presunta violencia sexual y de género y acoso laboral reportados en la denuncia.

Se consigna, por ejemplo, que Arely Gómez González y Jaime Santana Turral encubrieron denuncias por presunto acoso sexual en donde varias víctimas reportaron diversas conductas cometidas (algunas muy graves) que habrían sido perpetradas por Carlos Alpízar en contra de trabajadoras de la Corte, así como señalamientos y maltratos despectivos por temas de género y preferencia sexual.

También se describen presiones para que diversos servidores públicos promovieran denuncias por supuestos acosos que no eran reales con la finalidad de perjudicar a diversos opositores a las designaciones de Zaldívar y Alpízar.

Nota de Abel López Jiménez.