Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia ‘Maru’ Campos Galván, se presentó este 27 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) para testificar en relación con el operativo realizado el 18 de abril en la Sierra Tarahumara, donde fallecieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos. La comparecencia tuvo lugar a las 9:59 horas en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, a pesar de que el citatorio original señalaba como sede la delegación en Ciudad Juárez.

Campos Galván acudió acompañada por Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, y el legislador Roberto Gil Zuarth. Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, se presentó en las instalaciones de la fiscalía y declaró que “hay que ser solidarias”. Por su parte, Jorge Triana, vocero nacional del PAN, acusó que el citatorio para la mandataria estatal había sido “mañosamente” planeado en Ciudad Juárez.

Respecto al fondo del asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fueron cuatro los agentes de la CIA que se encontraban en Chihuahua. “Públicamente se conoció eran cuatro, dos que lamentablemente fallecieron en el país y dos que pedimos que como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país”, señaló la mandataria federal. Sheinbaum explicó que los agentes ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas, pero no avisaron que llevarían a cabo acciones de inteligencia.

La jefa del Ejecutivo detalló el procedimiento diplomático seguido: “Se pidió a la Embajada (de EE.UU.) que se retiraran del país. A través de una nota, y se retiraron”. Sheinbaum enfatizó que existe un protocolo para aprobar licencias de estadía cuando se realizan labores de inteligencia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, lo cual no ocurrió en este caso: “ellos entran legalmente a México, pero no se registraron para el caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”.

Tras su comparecencia, Maru Campos acusó persecución política y violaciones a sus garantías constitucionales. “No guardaron las formas, no respetaron la ley, atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido… Hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo totalitarismo, que permite violar la Constitución sin consecuencias”, afirmó la gobernadora. Campos agregó que es utilizada como “chivo expiatorio”: “Que digan lo que quieran, pero para ellos es muy fácil: le echan la culpa a la gobernadora con el narcolaboratorio, le echan la culpa en la parte de la marcha”.

El caso ha derivado en acciones legislativas, ya que once diputados locales morenistas de Chihuahua presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora. En contraste, el senador Javier Corral Jurado aseguró que Campos “se victimiza” y distorsiona un “mero trámite jurisdiccional” al hablar de persecución política, recordando impugnaciones previas contra la gobernadora por denuncias de privación ilegal de la libertad.