Mauro Pérez Bravo, presidente saliente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), reveló que una de las frustraciones que experimentó en el cargo fue la falta de diálogo y colaboración por parte del personal del Instituto, tras el incendio registrado hace un año en una Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Yo pensé que el diálogo y la comunicación cambiarían (tras el fatal incidente) o al menos la gestión del Instituto, en relación con las personas migrantes y refugiadas. Lo desesperante y frustrante fue que, en realidad se recrudecieron, y en esto sí soy muy enfático, se recrudecieron las políticas públicas migratorias basadas en la militarización, contención, detención y deportación”, denunció.

Durante la presentación de su Informe Final de Actividades 2022-2024, Pérez Bravo mencionó algunas dificultades encontradas en su encargo, como la falta de respuesta por parte de la Defensoría Pública para la implementación de un convenio para garantizar la presencia de abogados en estaciones migratorias.

Fue más allá al señalar que “el Instituto Nacional de Migración quiso vendernos la idea de que, pintando las estaciones migratorias, las continuas violaciones a derechos humanos terminarían o al menos se disfrazarían.

“Nosotros (el Consejo Ciudadano del INM) nunca, en ningún momento, avalamos ni estuvimos de acuerdo con este disfraz que hizo el Instituto de pintar las estaciones migratorias. No compartimos eso y nunca participamos de eso”, sostuvo.

También señaló el estancamiento de propuestas de reforma, como las normas de funcionamiento de las estaciones migratorias.

Aseguró que el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, se volvió un ente de control público migratorio guiado por la opacidad, el militarismo y el rechazo a las personas en calidad de migrantes y refugiadas.

Pérez Bravo señaló otra de las principales frustraciones que experimentó en el cargo, indicó que, tras lo ocurrido en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas el año pasado, solicitaron la renuncia del comisionado Francisco Garduño Yáñez y exigieron una disculpa pública, la cual aún no ha sido ofrecida, hasta hoy, de acuerdo a los estándares internacionales.

“Vimos, por ejemplo, los temas de las detenciones, revisiones y verificaciones migratorias. Ellos (las autoridades del INM), siguen insistiendo en hacer revisiones bajo la figura de verificaciones migratorias.

“Le dije al subcomisionado (del INM, Alejandro Tagle Marroquín), es que nos parece algo grave que estén conscientemente usando  y torciendo la ley, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que es inconstitucional y ustedes, bajo otros supuestos y otras figuras jurídicas, lo continúen haciendo. Me dijeron que lo van a seguir haciendo”, acusó Mauro Pérez Bravo, presidente saliente del Consejo Ciudadano del INM.