Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara el derribo de la puerta de Palacio Nacional como “un vulgar acto de provocación” por parte de normalistas que exigen respuestas en el caso Ayotzinapa, el representante legal de las familias afectadas, Vidulfo Rosales, refutó esta afirmación y señaló que la protesta escaló debido a la “indiferencia” del presidente.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el vocero reiteró que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, llevaban 10 días intentando retomar el diálogo y que el objetivo de la protesta era simplemente entregar el pliego petitorio a las autoridades federales.

“No es ninguna provocación, ni nada por el estilo. Desde el inicio de nuestra protesta estuvimos pidiendo un diálogo”, aclaró el abogado.

En la conferencia matutina de este jueves, López Obrador sugirió que se trataba de “provocadores” infiltrados quienes llevaron a cabo el derribo de la puerta 1 del Palacio Nacional.

Cabe mencionar, que desde 1848, durante la invasión estadounidense en México, nadie había allanado el Palacio Nacional, lo que hace este, un hecho simbólico, tal como lo señaló Gómez Leyva.

Al respecto, el representante legal de las víctimas del caso Ayotzinapa, confirmó que fueron los estudiantes quienes llevaron a cabo este acto de protesta.

“Los padres de familia están molestos por esta indiferencia que mostró el presidente. Son los estudiantes y los padres lo que hicieron la movilización del día de ayer

“No hay provocadores, es el movimiento, son los padres de familia, es la demanda legitima de dialogo, de una fecha de reunión lo que se está pidiendo”, insistió Vidulfo Rosales.

El abogado denunció la falta de sensibilidad por parte del presidente y su administración para abordar las demandas de los padres de los estudiantes desaparecidos, y indicó que en el fondo subyace la “indiferencia del presidente“.

Rosales informó que el documento de las familias de los 43 normalistas desaparecidos ya fue entregado a la Secretaría de Gobernación para su seguimiento por la vía institucional y así formalizar una fecha de reunión con las autoridades del Gobierno Federal, ya que el presidente se limitó a expresar su disposición por reunirse con ellos en en un plazo de entre 15 y 20 días.

El litigante concluyó destacando que al representar a las víctimas del caso Ayotzinapa, no tiene ningún “interés electorero“, como lo calificó el presidente.