Por Abel López Jiménez

La grave crisis del agua que padecemos y que nos mantiene ubicados en el cuarto lugar a nivel mundial en el rango de estrés hídrico alto, significa que a México llegó el Día Cero, donde el consumo del vital líquido empieza a ser mayor que el disponible en niveles preocupantes, alerta la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.

Un adelanto de este problema, comentó, se registro en el 2022, con falta de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey o los bajos niveles de la Presa La Boquilla en el estado de Chihuahua, fueron avisos de una crisis que, como otras, ha tomado por asalto al país en el peor momento.

La legisladora del PAN por Baja California recordó que en febrero de 2012, se publicó una reforma al artículo 4° Constitucional para establecer el derecho al agua y con ello se obligó al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Aguas en 365 días. El 23 de mayo de 2022 se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que se obligaba al Poder Legislativo a expedir la Ley en el próximo período ordinario de sesiones.

A finales de 2023, el Senado tenía ya listo el dictamen de una nueva Ley, después de la realización de dos parlamentos abiertos, uno en enero 14 y otro en abril 26 de ese año.

“El dictamen es ahora rehén de percepciones ideológicas y de las ineficaces políticas gubernamentales en materia de agua. La destructiva austeridad republicana, se ha extendido a todas las áreas de política pública, incluyendo el manejo, tratamiento y almacenamiento de agua”, lamentó en un artículo sobre el problema.

Señaló que, además, cerca de la mitad del agua disponible se pierde en fugas, sin que se den inversiones en mantenimiento preventivo y correctivo. “Si tan solo se invirtiera en reparación de fugas, podría hacerse frente a las consecuencias del estrés hídrico al menos en el corto plazo. No hay nuevas obras de infraestructura hídrica ni esfuerzos coordinados para generar una nueva cultura del agua”, afirmó.

Dijo que la reforma presidencial presentada el pasado 5 de febrero, paralizó por completo el proceso legislativo para aprobar una nueva Ley General de Aguas en el Senado de la República. “El agua es un problema de seguridad nacional que el gobierno no quiere aceptar”, acusó la legisladora del blanquiazul.

“En lugar de tomar acciones urgentes, el gobierno propone reformas insensatas y peligrosas. La reforma presidencial del 5 de febrero le daría al Estado amplias facultades en materia de concesiones para su uso y aprovechamiento, pero su intento concentrador del poder podría tener efectos devastadores, en un esquema federalista que demanda la actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno”, pronosticó.

Cruz Blackledge, también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que varios legisladores de Morena han expresado su postura respecto a la crisis del agua, que coincide con la expresada por el presidente: el agua no se privatiza y las concesiones actuales deben anularse en dos años para que éstas puedan asignarse discrecionalmente.

Más grave aún, dijo, es el considerable subejercicio detectado en la Comisión Nacional del Agua; pues al menos la mitad del presupuesto para Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos no se ejerció el año pasado y no se utilizaron cerca de 1,500 millones de pesos del Programa de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Mientras esto sucede, agregó, el robo de agua se ha multiplicado por seis en este gobierno, con más de 7 mil tomas clandestinas, que emulan el negocio del huachicoleo de combustibles, ante la omisión culpable o la complicidad criminal de las propias autoridades.

Expuso que el caso de la Ciudad de México es paradigmático y debería alertarnos sobre la inminencia de una crisis de proporciones titánicas: en agosto de este año llegará el Día Cero para el Sistema Cutzamala, provocándose un colapso fatal y el fin de las operaciones.

“Millones de personas podrían enfrentar una realidad apocalíptica que paralizaría la vida cotidiana, de cara a un gobierno que se obstina en dejar el problema a la próxima administración”, alertó.

Más grave aún, apuntó, es el considerable subejercicio detectado en la Comisión Nacional del Agua, donde al menos la mitad del presupuesto para Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos no se ejerció el año pasado y no se utilizaron cerca de 1,500 millones de pesos del Programa de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Mientras esto sucede, insistió, el robo de agua se ha multiplicado por seis en este gobierno, con más de 7 mil tomas clandestinas, que emulan el negocio del huachicoleo, ante la omisión culpable o la complicidad criminal de las propias autoridades.

El caso de la ciudad de México es paradigmático y debería alertarnos sobre la inminente crisis del agua: “El próximo mes de agosto llegará el Día Cero para el Sistema Cutzamala, provocándose un colapso fatal y el fin de las operaciones. Millones de personas podrían enfrentar una realidad apocalíptica que paralizaría la vida cotidiana, de cara a un gobierno que se obstina en dejar el problema a la próxima administración”, afirmó.

Vaticinó que, gane quien gane junio la Presidencia de la República, heredará un país destruido y devastado, obras inservibles, infraestructura que se colapsa, arcas públicas saqueadas, un territorio controlado en partes por grupos criminales y una sequía que extenderá su sombra sobre varias partes del territorio, causando devastación y muerte en los campos, crisis y desesperación en las ciudades.

“Para nosotros ya no hay alternativa, si no se actúa a tiempo una nueva guerra estará a la vuelta de la esquina: la lucha sin cuartel por el agua”, advirtió la senadora Gina Andrea Cruz Blacklege.