Por Luis Martínez Alcántara

La reciente declaración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) ha generado un intenso debate sobre las posibles repercusiones de esta medida.

Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero de 2025, ha manifestado su deseo de implementar esta designación “inmediatamente”, reviviendo una propuesta que ya había considerado durante su anterior mandato. Esta decisión podría tener consecuencias significativas en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como en la estrategia de combate al narcotráfico.

Una de las consecuencias más inmediatas de esta designación sería la posibilidad de que el gobierno estadounidense congele activos y aplique sanciones económicas a los cárteles y a cualquier entidad que colabore con ellos. Esto podría incluir restricciones en los viajes y procesos judiciales contra individuos que apoyen a estas organizaciones.

Además, la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) podría complicar las relaciones comerciales entre ambos países, ya que cualquier vínculo con los cárteles podría ser considerado como un apoyo al terrorismo, lo que desencadenaría un escrutinio financiero más riguroso para las empresas mexicanas.

La amenaza de una intervención militar también se encuentra en el horizonte. Trump ha sugerido que su administración podría utilizar fuerzas especiales y otras tácticas militares para desmantelar las estructuras criminales en México. Esta posibilidad ha suscitado preocupaciones sobre la soberanía nacional de México y podría llevar a un aumento en las tensiones entre ambos gobiernos. La intervención militar no solo afectaría la seguridad interna de México, sino que también podría provocar una escalada en la violencia entre cárteles y fuerzas estadounidenses.

La intención de Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras plantea un escenario complejo y lleno de incertidumbre. Las implicaciones legales, económicas y sociales son profundas y podrían reconfigurar no solo la lucha contra el narcotráfico, sino también las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.