Por Monserrat Californias
El gobierno de Estados Unidos dio comienzo a la edificación de un muro secundario a lo largo de aproximadamente 7 millas entre Santa Teresa, Nuevo México, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Este nuevo cerco de acero, de 9 metros de altura, se colocará detrás de la barrera original de 5.5 metros, sumando una segunda línea defensiva en una zona ya fortificada.
La construcción se realiza bajo una autoridad legislativa específica del IIRAIRA, que permite al Departamento de Seguridad Interior levantar vallados adicionales sin pasar por estudios ambientales previos. En abril de 2025, esta normativa fue activada mediante una exención que libró al proyecto de restricciones como la Ley de Política Ambiental Nacional.
El Departamento de Seguridad Interior, a través del DHS y CBP, ha extendido también esta estrategia a Arizona, donde se otorgaron exenciones adicionales que impulsan 36 millas más de muro en tramos de alta actividad migratoria. Se desconoce aún si habrá continuidad en otros puntos conflictivos.
Ambientalistas y defensores de derechos advierten sobre el impacto negativo de estas estructuras: fragmentación de hábitats, peligro para especies migratorias como jaguares, ocelotes y lobos mexicanos, además de daños en reservas naturales como San Rafael Valley y corrientes de agua.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó tajantemente esta construcción unilateral. Reiteró que México no aporta fondos ni avala dichas obras, y aboga por una política de cooperación basada en desarrollo conjunto en lugar de muros.
Este avance coincide con el impulso del paquete legislativo “One Big Beautiful Bill”, que incluiría 629 millas adicionales de barreras secundarias y financiamiento para tecnología territorial y contratación de patrullas fronterizas, por lo que el muro secundario podría formar parte de una estrategia nacional más amplia.
