Por Redacción

Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que elimina la prohibición de la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. La modificación al artículo 27 de la Carta Magna recibió 61 votos a favor, provenientes de 59 diputados oficialistas y aliados, más dos legisladores de oposición, en un contexto marcado por un régimen de excepción de cuatro años y acusaciones internacionales de violaciones a derechos humanos.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, celebró la aprobación y afirmó que las acciones del gobierno contra la criminalidad son “irreversibles”. La reforma busca, según el ejecutivo, endurecer las penas contra los delincuentes, especialmente aquellos vinculados a las pandillas que por años han azotado al país centroamericano. El presidente Bukele ha defendido públicamente esta y otras medidas de su administración como necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la iniciativa se enmarca en un escenario de fuerte cuestionamiento internacional. Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ha vinculado las acciones del gobierno salvadoreño durante el régimen de excepción con posibles crímenes de lesa humanidad. Este contexto ha generado un intenso debate entre la narrativa oficial de combate a la violencia y las denuncias de organismos de derechos humanos sobre métodos represivos.

La reforma constitucional representa un giro histórico en la legislación penal salvadoreña, la cual, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, había mantenido la prohibición expresa de penas perpetuas. Los procedimientos legales que deben seguirse tras la aprobación legislativa, así como la fecha exacta de entrada en vigor de la nueva norma, no fueron especificados de inmediato por las autoridades.

El debate político interno se ha visto opacado por la amplia mayoría legislativa con la que cuenta el oficialismo, lo que ha limitado la capacidad de la oposición para articular un frente común en contra de la medida. La aprobación de la cadena perpetua consolida el enfoque de mano dura que ha caracterizado a la administración de Bukele y podría sentar un precedente para reformas penales similares en la región, en medio de una polarizada discusión entre seguridad y garantías fundamentales.