Por Redacción

Tultitlán, Estado De México (Afuera De La Planta De Tornel), 18 de marzo de 2026.- Tres trabajadores de la empresa automotriz Tornel resultaron baleados en la madrugada de este miércoles cuando sujetos armados los atacaron mientras realizaban un plantón de huelga afuera de la planta en Tultitlán, un hecho que el líder sindical calificó como intento de homicidio y que amenaza con profundizar la crisis laboral que pone en riesgo 61 mil puestos de trabajo y una inversión de 900 millones de dólares.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:00 horas en la Avenida López Portillo, donde los empleados mantienen un paro laboral desde principios de marzo. Según reportes de medios locales, los mismos trabajadores lograron detener a dos de los presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades. La identidad de los detenidos y el estado de salud de los heridos aún no han sido revelados oficialmente.

Gerardo Alberto Meneses Ávila, secretario general del sindicato de Tornel, condenó la agresión. “Calificamos esto como un intento de homicidio, es un acto sorprendente y cobarde”, declaró. Los trabajadores mantienen la huelga por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y por incumplimientos a cláusulas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El conflicto laboral ha expuesto serias irregularidades en el proceso. Tomás Natividad, abogado laboralista que asesora a los trabajadores, advirtió sobre inconsistencias en los tribunales laborales y una limitación al debido proceso. Existen grabaciones que, según los huelguistas, evidencian la obtención de acreditaciones sindicales fuera de la normativa legal.

La dimensión económica del conflicto es considerable. La paralización de Tornel, un importante proveedor de la industria automotriz, pone en riesgo directo 13 mil empleos y otros 48 mil puestos indirectos, según cifras manejadas en el conflicto. Además, se encuentra amenazada una inversión proyectada de 900 millones de dólares en el sector.

El ataque armado representa una escalada peligrosa en un conflicto que ya arrastraba tensiones administrativas y legales. Las autoridades ministeriales y laborales enfrentan ahora la presión de investigar no solo el violento atentado, sino también las irregularidades denunciadas en el manejo del contrato colectivo, en un caso que pone a prueba los mecanismos de solución de controversias laborales en el marco del T-MEC.