Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado estadounidense implementará a partir del 2 de abril de 2026 nuevas restricciones migratorias que exigen una fianza de $15,000 dólares a ciudadanos de 50 países, incluyendo 12 naciones recién agregadas a la lista. La medida, enmarcada en las políticas más restrictivas de la Administración Trump, busca reducir costos de deportación con un ahorro estimado de $800 millones anuales.
Los doce países recién incorporados al programa son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos se suman a los 38 países que ya estaban sujetos al requisito de fianza, aunque la lista completa de naciones previamente afectadas no fue especificada en el comunicado oficial.
El Departamento de Estado justificó la expansión del programa citando un 97% de cumplimiento en el mecanismo existente. La fianza será reembolsada una vez que el viajero abandone Estados Unidos dentro del plazo autorizado, aunque los detalles específicos del mecanismo de devolución no fueron detallados.
Según las estimaciones oficiales, el costo promedio de deportar a un individuo asciende a $18,000 dólares, por lo que la implementación de esta medida representaría un ahorro significativo para las arcas federales. La fianza de $15,000 dólares actuaría como un desincentivo económico para quienes contemplen permanecer en el país más allá de lo permitido.
La Administración Trump ha mantenido una postura firme en materia migratoria desde su retorno a la Casa Blanca, implementando diversas medidas que restringen el acceso al territorio estadounidense. Esta política ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional, con críticas de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos afectados.
La medida entrará en vigor en menos de dos semanas, dando un breve margen a los consulados y embajadas estadounidenses para implementar los nuevos procedimientos. No se especificaron los criterios exactos utilizados para determinar qué países serían incluidos en la lista ampliada, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso.
