Por Luis Martínez Alcántara

El Estado de México ha aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en México en garantizar este derecho a las mujeres y personas gestantes. Esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el país. La reforma también asegura que el procedimiento sea gratuito, seguro, y realizado sin discriminación en las instituciones de salud pública.

La Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto en 2007, y desde entonces, más estados han seguido este ejemplo. En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo, lo que ha impulsado cambios en las legislaciones estatales. El Estado de México, además, complementará esta reforma con educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.

Los estados que permiten el aborto voluntario son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo, Coahuila, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas y, ahora, el Estado de México. En algunos casos, como Nayarit y Yucatán, la despenalización ha ocurrido por resoluciones judiciales que ordenaron la eliminación del delito de aborto en los códigos penales locales.

El dictamen en el Estado de México llega tras años de debates en el Congreso local y destaca por no limitarse a lo penal, sino también abordar aspectos de salud y bienestar, según sus legisladores. Este cambio coincide con esfuerzos nacionales para eliminar el estigma y garantizar la libre decisión sobre la maternidad, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.

Este logro refuerza la tendencia hacia la despenalización del aborto en México y refleja un cambio cultural y político en favor de los derechos reproductivos. Sin embargo, aún resta que los estados restantes armonicen sus leyes con los criterios establecidos por la Corte, asegurando así el acceso igualitario a este derecho en todo el país.