Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó un punto crítico este 2026, donde únicamente 1 de cada 10 casos logra una resolución efectiva, según datos presentados por la organización México Evalúa. Este colapso institucional ocurre simultáneamente con una escalada de violencia contra las fuerzas de seguridad, que dejó un saldo de 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo del presente año, reportó Causa en Común.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, basado en información del INEGI y difundido por México Evalúa, expone que aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el proceso se desmorona rápidamente. Solo el 6.28% de estos casos logran llegar a una acción penal, lo que demuestra una desconexión severa entre la recepción del delito y la aplicación de justicia.
La desconfianza en las autoridades ha propiciado que la cifra negra de delitos sea abrumadora en ciertas regiones. En Coahuila, el 90.7% de los delitos no fueron denunciados, mientras que en Durango la cifra asciende a 92.6%. Estos porcentajes reflejan una percepción generalizada de inutilidad en el sistema, donde la población opta por no interactuar con las instituciones debido a la certeza de que no habrá castigo para los responsables.
Paralelamente, la violencia se ha cobrado la vida de miembros de las corporaciones policiales a un ritmo alarmante. El reporte de Causa en Común indica que en los primeros 70 días de 2026 ya se registraron 82 homicidios de policías. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de los operadores de justicia y la falta de protección efectiva para quienes tienen la tarea de investigar y perseguir el crimen, complicando aún más la ya de por sí baja capacidad de resolución de casos.
Las organizaciones civiles enfatizan que la combinación de alta impunidad judicial y letalidad contra la policía crea un círculo vicioso que debilita el Estado de derecho. La incapacidad para procesar penalmente a los delincuentes, sumada a la eliminación física de los agentes encargados de hacerlo, deja a las comunidades expuestas y sin mecanismos reales de defensa o reparación.
Ante este escenario, expertos en seguridad y justicia penal urgen a una reforma estructural que no solo mejore las estadísticas de cierre de casos, sino que garantice la seguridad de los servidores públicos. Sin una intervención inmediata que ataque las causas de la impunidad y proteja a las fuerzas de orden, el sistema corre el riesgo de una parálisis funcional definitiva en varias entidades del país.
