Washington D.C., 02 de abril de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra analizando uno de los casos más importantes en materia migratoria y constitucional de los últimos años: la ciudadanía por nacimiento. El Tribunal Supremo analizó este miércoles los argumentos legales de las partes que han intervenido en la vista oral del caso, el cual gira en torno a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato.

La medida busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean migrantes indocumentados o tengan un estatus migratorio temporal. El punto central del conflicto es la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece que toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” tiene derecho a la ciudadanía. El gobierno argumenta que dicha frase excluye a los hijos de migrantes sin estatus legal.

Durante la audiencia, varios jueces mostraron escepticismo ante la legalidad de la orden ejecutiva. Los tres jueces de tendencia progresista y, al menos, otros tres conservadores, entre los que se encuentra el presidente del Supremo, John Roberts, junto a Brett Kavanaugh y Neill Gorsuch, se inclinan por propinar un nuevo revés judicial a la Casa Blanca. La mayoría del tribunal no ha tenido inconveniente en expresar su rechazo a la postura de la Administración Trump.

Buena parte de los alegatos presentados por el procurador general, John Sauer, y por la representante de los demandantes, Cecilia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han girado en torno al precedente legal del caso Wong Kim Ark de 1898. En aquel fallo, la Corte Suprema concedió la ciudadanía a Ark, cuyos padres eran inmigrantes de origen chino residentes legales en San Francisco, pero sin la ciudadanía. La Casa Blanca considera que los tribunales hacen una interpretación errónea de la enmienda constitucional aplicada en dicho caso.

El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en su primer mandato, dejó entrever con sus preguntas y comentarios dos posibles soluciones al caso que revelan el rechazo general del tribunal. Los jueces se debaten ahora entre emitir una sentencia breve basada únicamente en la Ley de Inmigración de 1952 o realizar una revisión del texto constitucional para blindar la interpretación de la cláusula de ciudadanía.

La presencia de Trump en la audiencia marcó un hecho histórico, ya que nunca antes un presidente en funciones había asistido a una sesión de la Corte Suprema. La decisión definitiva sobre la legalidad de esta orden presidencial, dictada por un tribunal de mayoría conservadora por seis a tres, se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio.