Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- Coparmex advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial, como lo plantea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debilita el Estado de derecho. La organización señaló que la certeza jurídica no es opcional y es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo.

El pasado 6 de abril, el Pleno de la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, validando la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por mayoría de seis votos contra tres, se determinó que la UIF puede bloquear cuentas cuando existan “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

Para Coparmex, esta decisión tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución. “Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas”, indicó la organización.

María del Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna, advirtió que la resolución representa un golpe a la confianza de inversionistas. “El bloqueo de cuentas puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a los afectados en desventaja para su defensa”, afirmó.

En materia de inversiones, tras obtener la actualización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), la empresa Fermaca iniciará la construcción de la planta de fertilizantes Fermachem en Lerdo. Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango, confirmó que el proyecto se encuentra en la fase final de preparación.

“Ellos empiezan la construcción ya muy pronto, de hecho están esperando nada más los últimos detalles de las ingenierías para empezar. Ya tienen prácticamente todo, ya hicieron el cambio de promovente en la MIA y salió positiva”, dijo Ortiz Galán. Se estima que las primeras obras arranquen entre mayo y junio, con un tiempo de ejecución de dos a dos años y medio.

Durante la construcción se esperan entre 3,000 y 4,000 empleos directos. Además, se incluyó en el convenio de incentivos con Fermachem la cláusula de dar prioridad a la proveeduría regional. “No obligamos, pero sí lo pusimos sobre el contrato para que se condicionara, de cierta forma, darle prioridad a la proveeduría local. Esto empieza desde la misma construcción”, explicó el funcionario.

Por otro lado, Quintana Roo se posicionó como la entidad con mayor crecimiento en la actividad industrial del país durante diciembre de 2025, al registrar un incremento mensual de 19.8 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Gobierno de Quintana Roo señaló que estos resultados reflejan la continuidad de proyectos estratégicos y la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada.