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Coalición de 24 estados demanda a Trump por revocar límites a gases de efecto invernadero

Por Redacción

Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocatoria de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, buscando impugnar la decisión ejecutiva tomada en febrero de 2026.

La demanda argumenta que la EPA actuó de manera ilegal al eliminar una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según los documentos presentados, la administración Trump procedió con esta revocatoria a pesar de existir un consenso científico que respalda los riesgos ambientales y sanitarios asociados a estas emisiones.

Se prevé que este nuevo litigio se sume a una demanda anterior interpuesta por grupos ecologistas, consolidando así un frente legal amplio contra las políticas ambientales del gobierno federal. La coalición demandante incluye una variedad de jurisdicciones estatales y locales que buscan frenar los cambios regulatorios implementados recientemente por la agencia ambiental.

El caso pone en el centro del debate jurídico la validez de alterar hallazgos científicos de larga data para modificar las regulaciones sobre contaminación atmosférica. Los actores involucrados, que abarcan desde gobiernos estatales hasta organizaciones ambientales, mantienen que la protección de la salud pública no puede ser subordinada a decisiones administrativas que contradigan la evidencia científica disponible.

Con la presentación formal ante el tribunal de apelaciones, se inicia un proceso legal que podría definir el futuro de las políticas climáticas en Estados Unidos durante la actual administración. La resolución de este conflicto determinará si se restablecen las protecciones basadas en la conclusión de 2009 o si se validan las nuevas directrices de la EPA.