Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual lleva un 88% de avance, y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, declaró Montaño.

El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. El proyecto pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco y está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según los manifestantes, la obra ha generado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.

Entre los riesgos señalados por los opositores se encuentra que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, lo que impactaría a más de 40,000 personas. Montaño Valenzuela sostuvo que el proyecto generará un “etnocidio y un ecocidio”, afectando a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales y les indicó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto.

El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán.