Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal contra dos ciudadanos estadounidenses por presuntamente vender armas de fuego a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS). Los implicados son Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73 años, quienes enfrentan cargos por tráfico ilegal de firearms.

Según la acusación presentada, los dos hombres realizaron ventas de armas en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025. Las autoridades federales indican que las weapons fueron adquiridas mediante compradores intermediarios, conocidos como straw purchasers, para posteriormente ser trasladadas hacia territorio mexicano.

La armería Grip by Larry, propiedad de Laurence Gray, estaba ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, lo que facilitaba el cruce ilegal de las armas hacia México. Este caso representa una de las primeras acusaciones criminales por apoyo material al terrorismo contra un armero por vender weapons a estos grupos criminales.

El CJNG y el CDS fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025. Esta clasificación permite a las autoridades federales perseguir legalmente a quienes brinden apoyo material a estas organizaciones, incluyendo el suministro de armas de fuego.

Las fuentes periodísticas presentan discrepancias sobre el número exacto de acusados. Mientras el Semanario ZETA menciona únicamente a Laurence Gray como propietario de la armería implicada, EL PAÍS México reporta que ambos hombres figuran en la acusación formal del Departamento de Justicia.

Los delitos imputados conllevan penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión federal por cada cargo de tráfico ilegal de armas y apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. El caso se mantiene bajo jurisdicción del Distrito de Arizona.

Este operativo forma parte de los esfuerzos coordinados entre agencias federales estadounidenses y mexicanas para interrumpir el flujo de armas desde Estados Unidos hacia los cárteles de la droga en México, los cuales utilizan este armamento para fortalecer sus operaciones criminales en ambos lados de la frontera.