Por Iván Hernández, Delegado de Bienestar

En México, las decisiones económicas no pueden ni deben estar divorciadas de la justicia social. La reciente modificación a los impuestos de importación contemplada en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) representa una medida que, bien entendida, abre oportunidades reales para millones de mexicanas y mexicanos, particularmente para quienes históricamente han tenido menos.

Desde el sur del país, desde Guerrero, observamos esta política no como un asunto técnico reservado a expertos, sino como una herramienta de desarrollo con impacto directo en la vida cotidiana de las familias humildes.

Durante años, sectores productivos nacionales —textil, calzado, acero, manufactura ligera— enfrentaron una competencia desigual frente a productos importados a muy bajo costo, provenientes de países sin acuerdos comerciales con México. Esa competencia no solo afectó a las empresas, sino que golpeó el empleo, cerró talleres, debilitó economías regionales y obligó a miles de personas a sobrevivir en la informalidad.

La actualización de aranceles busca corregir esa distorsión. ¿Qué significa esto para la gente? Significa proteger el trabajo mexicano, fortalecer la producción nacional y abrir la puerta a más empleos dignos.

En estados como Guerrero, donde muchas familias dependen del ingreso diario, cualquier política que ayude a generar empleo formal tiene un impacto profundo. Más producción nacional implica más demanda de mano de obra, más talleres funcionando, más oportunidades para jóvenes, mujeres y adultos mayores que desean trabajar sin abandonar su comunidad.

Además, cuando la industria nacional se fortalece, también lo hace la economía local. El salario que entra a un hogar se traduce en consumo en el mercado, en la tienda de la colonia, en el transporte local. Es un círculo virtuoso que beneficia especialmente a quienes viven al día.

Es importante subrayar que esta política no busca afectar la canasta básica ni encarecer los productos esenciales. Por el contrario, el objetivo es defender lo indispensable para la vida digna mientras se impulsa la soberanía productiva del país. El bienestar no puede construirse a costa del hambre o de la precariedad.

Desde la visión de la Cuarta Transformación, el desarrollo económico debe caminar de la mano del bienestar social. Por eso, estas medidas encuentran sentido cuando se articulan con los programas sociales: pensiones, apoyos al campo, salud casa por casa, vivienda y educación. El arancel protege el empleo; el programa social protege a la persona.

En Guerrero sabemos que no hay justicia social sin oportunidades productivas. Esta modificación a los impuestos de importación es una señal clara de que el Estado mexicano apuesta por su gente, por su trabajo y por su capacidad de salir adelante con dignidad.

Hoy más que nunca, el mensaje es claro: la economía está al servicio del pueblo, y no al revés. Y cuando se protege al que menos tiene, se fortalece a todo México.