Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que limita las pensiones de exfuncionarios de confianza en organismos descentralizados y empresas públicas del Estado. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, modifica el Artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna jubilación con recursos públicos podrá superar el 50% de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con los reportes legislativos, la votación contó con el respaldo mayoritario de las bancadas presentes, aunque existen discrepancias en las cifras oficiales publicadas por distintos medios sobre el número exacto de votos a favor, en contra y abstenciones. Durante la sesión, se mantuvo la discusión de reservas presentadas por partidos de oposición respecto a los artículos transitorios y el alcance de la medida.

La reforma aplica específicamente a personal de confianza de entidades como Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Bancomext, Nacional Financiera y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Quedan exentas de este límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro, aportaciones sindicales complementarias y pensiones no contributivas.

Durante el debate, legisladoras de Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo al objetivo de eliminar privilegios, pero advirtieron que la aplicación retroactiva de la norma para ajustar pensiones ya otorgadas vulnera derechos adquiridos y podría generar una ola de amparos. Diputadas del mismo partido señalaron que modificar ingresos de personas ya retiradas incrementa la incertidumbre jurídica y podría derivar en costos mayores a los ahorros previstos para el erario.

Por su parte, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicaron que apoyarían la iniciativa como un acto de justicia social, aunque cuestionaron que la medida no abarque a toda la administración pública centralizada ni a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro. Desde el Partido Acción Nacional (PAN), se solicitó que el tope se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del salario presidencial para evitar discrecionalidades futuras.

La aprobación en San Lázaro se desarrolló mientras grupos de jubilados de las empresas afectadas protestaban en el exterior del Palacio Legislativo, exigiendo que se diera marcha atrás a la iniciativa. Con este paso, la minuta será turnada a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación y posterior promulgación.