Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una reforma orientada a modernizar y agilizar los juicios administrativos en el país. La votación en lo general registró 363 sufragios a favor, 25 abstenciones y 64 en contra, mientras que en la discusión en lo particular se emitieron 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.

Entre los aspectos centrales de la minuta recibida del Senado destaca el establecimiento de un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria. Asimismo, se implementan plazos máximos para las actuaciones de los magistrados instructores y se fija un término común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un específico, con el objetivo de evitar dilaciones procesales.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los juicios sean tramitados electrónicamente a través del Sistema de Justicia en Línea. En cuanto a los criterios de procedencia, existe discrepancia en las fuentes consultadas sobre la cuantía para la vía sumaria: mientras un reporte indica que se incrementa de 15 a 30 veces la UMA anual, otro establece un límite de resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual. No obstante, ambas versiones coinciden en la incorporación de supuestos para la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones.

Adicionalmente, la legislación adiciona causales para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, aplicable en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. El texto aprobado modifica también el procedimiento para casos de atracción y recusación de magistrados, así como los plazos para la práctica de notificaciones.

Con esta aprobación, la ley busca actualizar las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y optimizar los tiempos de respuesta en la justicia administrativa. La minuta ahora continúa con el proceso legislativo correspondiente para su eventual publicación y entrada en vigor, aunque las fechas específicas de estos últimos pasos no han sido detalladas en los informes de la sesión.